Marco Aurelio Pérez considera que el Decreto “no erradica las explotaciones alegales”, y también que “debe flexibilizarse para contemplar la actividad vacacional turística en el interior de la isla de Gran Canaria” para mantener el asentamiento poblacional en las áreas rurales”

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, propondrá al pleno de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias que se reúne este miércoles que inste una mejora del borrador del decreto destinado a regular la actividad turística de vivienda vacacional, porque “repite los mismos errores de inseguridad jurídica que el anterior”, y “no resuelve cómo debe llevarse a cabo esa actividad”.

Marco Aurelio Pérez Sánchez planteó este martes ante la asamblea de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT) que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias debe aprovechar el procedimiento de exposición pública del borrador del Decreto “para ser flexible y escuchar las opiniones de los municipios turísticos, porque el documento no resuelve el problema de aplicación de este nuevo producto turístico”.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana propone que el borrador de Decreto contemple los matices diferenciadores del tratamiento y funcionamiento turístico distinto que tienen por sí mismas las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, y resuelva el fomento de las viviendas vacacionales turísticas en el interior de la isla de Gran Canaria como fórmula de mantener el asentamiento de las poblaciones en las áreas rurales.

“El Decreto hay que mejorarlo mucho porque en la isla de Gran Canaria, con una realidad turística distinta a la de las otras islas, no resuelve la problemática del turismo vacacional. El borrador no erradica el funcionamiento alegal que en estos momentos se está llevando a cabo por muchos explotadores turísticos. El consejero de Turismo debe hacer un esfuerzo en este periodo de alegaciones para coordinar y matizar ese Decreto en el sentido de clasificar el turismo y las zonas turísticas. No resuelve el tema de la residencialización ni tampoco la subida de los alquileres en otros destinos como puedan ser Arinaga, Salinetas o Las Canteras, donde el Decreto empujará a que sigan subiendo los precios de alquiler para los residentes”, afirma.

No en los planeamientos

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana sostiene que dejar la solución al planeamiento de Ayuntamientos y Cabildos no resuelve el problema, porque los planeamientos son una herramienta de largo recorrido y su modificación y adaptación conllevaría demorar la solución unos 4 ó 5 años.

También sostiene Marco Aurelio Pérez que el artículo 8.e del borrador del Decreto no resuelve la situación de las viviendas vacacionales en el interior de la Isla de Gran Canaria, puesto que prohíbe el desarrollo de la actividad al permitir que sólo pueda llevarse a cabo donde esté permitido por el planeamiento “y en estos momentos en Canarias eso no está permitido en ningún sitio porque las viviendas vacacionales son algo novedoso”.

En ese sentido, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana propone que no se difiera la solución al planeamiento, y sea el propio Decreto el que asuma la definición de lo que es la vivienda vacacional, sus usos y requisitos para su explotación en las áreas turísticas, “porque hay elementos que ahora están en la oferta pero no recogidos en la ley, como son los pequeños chalés o villas independientes que en estos momentos no tienen cobijo en ningún instrumento para poder ser alquiladas conforme a la normativa turística”, dice.

Por otro lado, afirma, “hay que fomentar el turismo de interior para poder mantener asentada a la población en las áreas rurales del interior de la Isla, y el artículo 8.e que se está proponiendo endurece y prácticamente expulsa de los núcleos rurales a esas viviendas vacacionales que están llevando una economía al interior de la isla y asentando a la población”.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana considera que el borrador del Decreto tiene aspectos positivos como la identificación de las personas que ocupan las viviendas y que sean las comunidades de propietarios las que avalen la explotación vacacional, pero en este periodo de exposición pública deberán matizarse los puntos mejorables.