El Cabildo de Gran Canaria ha culminado el expediente de expropiación forzosa de los terrenos, cuya ocupación o disposición se considera necesaria, para ejecutar la ampliación y el acondicionamiento de la carretera GC-41, en el tramo que discurre entre los puntos kilométricos 17+330 y 19+640, que une los términos municipales de Telde y Valsequillo. El Consejo de Gobierno Insular ha resuelto hoy las alegaciones presentadas y ha aprobado inicialmente la relación de los bienes a expropiar.

El consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, ha manifestado su “enorme satisfacción por culminar un proceso administrativo que se ha prolongado demasiado tiempo y que permitirá mejorar de forma muy significativa la seguridad de la carretera que une Valsequillo y Telde”.

Sosa ha añadido que el Gobierno de Gran Canaria “ya puede dar el siguiente paso e iniciar el procedimiento para licitar el proyecto diseñado para esta vía, que es de gran relevancia para el desarrollo económico de Valsequillo, ya que las inversiones en el municipio dependen en gran medida de contar con una conectividad segura y de calidad, y realmente la GC-41 es la carretera que le une con el resto de la Isla”.

Y es que, con este acuerdo, la Corporación Insular da respuesta a las reivindicaciones planteadas por ambos ayuntamientos y por los vecinos de los dos municipios, que llevan esperando más de diez años esta actuación, que incrementará la seguridad de la vía e impulsará la promoción y el desarrollo de la zona, al tratarse de un importante corredor comercial de Gran Canaria. El proyecto cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros y permitirá el ensanche de 2,3 kilómetros de la vía, desde la zona del Balcón de Telde hasta Montaña Las Palmas.

En concreto, el Consejo de Gobierno Insular, a instancia del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Presidencia, ha refrendado inicialmente la relación de los 78 bienes afectados por este proyecto, de acuerdo al informe elaborado por el Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras de la Corporación Insular que justifica el procedimiento excepcional.