El Ayuntamiento de Santa Brígida ha convocado un Pleno Municipal de carácter extraordinario y urgente para el día 11 de octubre de 2016 a las 9:00 horas para tratar la “propuesta de la Alcaldía de declaración de nulidad de pleno derecho del contrato formalizado el día 19 de noviembre de 2002 entre este Ayuntamiento y la representación de a UTE Santa Brígida de 'Concesión administrativa de obra pública en orden a la construcción de un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano así como la redacción de todos los documentos y trabajos necesarios para la ejecución del mismo y posterior explotación del inmueble de aparcamientos subterráneos, locales comerciales y multicines en las calles Juan morales, José Antonio y Dieciocho de Julio de la Villa de Santa Brígida', adjudicado por acuerdo adoptado por el Pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de junio de 2002, por causa de ser un acto de contenido imposible”, para lo cual el Pleno adoptará los acuerdos que procedan.
Esta sesión se celebra tras el estudio de las alegaciones formuladas tras el Pleno que aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos iniciar el proceso de nulidad del contrato del edificio de aparcamientos un zona comercial que tuvo lugar el pasado 14 de julio. Dichas alegaciones y las respuestas recabadas por el Ayuntamiento a las mismas serán remitidas al Consejo Consultivo de Canarias que dictaminará sobre el acuerdo adoptado para intentar dar salida a este conflicto entre el Ayuntamiento y la UTE Santa Brígida, lo que permitiría aclarar el futuro de la parcela más valiosa del municipio y la obra más importante proyectada por el Ayuntamiento que sufre la parálisis desde hace más de una década, lo que ha ocasionado a la Corporación y a los vecinos y vecinas de la Villa múltiples problemas y la pérdida de atractivo turístico y comercial.
El Pleno del pasado mes de julio se cerró con una intervención en la que se indicó que se estaba ante “El inicio del fin”. Con estas palabras definió el alcalde satauteño, José Armengol Martín, la aprobación por unanimidad de acuerdo plenario adoptado por los concejales y concejalas de los ocho grupos políticos que conforman la Corporación municipal y que reflejaron el “sentir de la sociedad de Santa Brígida” por la necesidad de acabar con la inacción del Ayuntamiento ante un asunto que ha costado a los vecinos de la Villa una condena millonaria, a la que se suma cada día 3000 euros en indemnizaciones por lucro cesante a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida que obtuvo la concesión y el contrato para el polémico edificio.